Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de noviembre de 2011. La sentencia declara que la intervención del disco duro, sin estar presente el afectado ni un representante de los trabajadores, vulnera el derecho a la intimidad. La Administración no puede utilizar el contenido encontrado en el ordenador ya que la incautación es ilegal.